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Así lo reveló la viceprocuradora general, Adriana Herrera, que indicó que las empresas prestadoras de servicios públicos recaudaron el 30 % menos que en 2019.

Eso indica, dijo la funcionaria en una audiencia de la Procuraduría, difundida en CM&, que cerca de 4 millones de hogares dejaron de pagar los recibos de servicios públicos, durante la crisis provocada por el coronavirus.

Si bien el noticiero atribuye la situación a los problemas económicos, también menciona que la Superintendencia de Servicios Públicos informó que durante la pandemia se han registrado más de 200.000 quejas por la prestación de los mismos, un promedio de 274 diarias.

La mayoría de esos reclamos (el 83 %) tiene que ver con una mala facturación, agrega el informativo. Precisamente por ese hecho, la Superintendencia multó a empresas de energía, agua, gas y aseo, en todo el país, por fallas en la medición de consumo y metodología tarifaria.