La papa caliente que desde noviembre de 2016 tienen el Gobierno, y los contribuyentes, en sus manos con la intervención de Electricaribe, que a la fecha ha llevado a que el Ministerio de Hacienda haya tenido que prestarle 3,2 billones de pesos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos para garantizar la prestación del servicio de energía, subió de temperatura con el coronavirus.