En el Pacífico colombiano las amenazas para los ríos vienen de varios frentes: la minería legal e ilegal, la deforestación, los residuos sólidos, los proyectos de infraestructura, la ineficiencia de las autoridades ambientales regionales.

En esa región uno de sus ríos más importantes, el Atrato, fue declarado por la Corte Constitucional, en el 2016, como sujeto de derechos. Su orden fue proteger sus 40.000 kilómetros cuadrados del daño ocasionado por la minería ilícita. Pero el balance, cuatro años después, muestra que eso no ha mejorado su situación: hoy es un río con derechos violados.