La ley 99 de 1993, por la cual se organizó el sistema nacional ambiental definió a las Corporaciones Autónomas Regionales, pieza clave del sistema, como autoridades ambientales encargadas de ejecutar políticas, planes y proyectos y de administrar y manejar el medio ambiente y recursos naturales renovables. Al mismo tiempo, y en desarrollo de la Constitución de 1991 se les asignaron importantes recursos para que cumplieran esa función, en particular los provenientes del impuesto predial que recaudan los municipios.