La Corte Constitucional declaró como inexequible el decreto 580 de 2020, en el que se disponían las medidas en materia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en medio de la emergencia sanitaria actual ya que faltaban las firmas del ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruíz Gómez; y la de la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Gisela Torres.