A propósito de la emergencia, se habló de establecer el mínimo vital de agua a través de decreto legislativo. Es importante que al tomar esta decisión, se analicen su constitucionalidad y de dónde provendrán los recursos presupuestales estatales correspondientes, ya que no es posible cubrirlos con recursos de prestadores.

Caer en la tentación de pensar lo contrario, es condenar al demérito del servicio y traicionar la Ley 142 que, hasta la fecha, ha evitado poner en riesgo la prestación- para la gran mayoría silenciosa y satisfecha- por atender llamados populistas que atentan contra su sostenibilidad.