Son cinco empresas prestadoras de servicios públicos y tres de regulación las que están en la mira la Procuraduría General de la Nación, por presuntas irregularidades en el cobro de servicios a los usuarios en medio de la pandemia por la COVID-19.

Otra es Celsia, que es la empresa de energía del grupo Argos, con “más de un millón de clientes en 39 municipios del Valle de Cauca, 47 en el Tolima y uno en Chocó”, según lo dice en su página web.