La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra varios funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), por presuntos incrementos en tarifas y cobros injustificados de servicios públicos durante la emergencia del covid-19.

También dio traslado de la quejas contra Celsia S.A. ESP, en Tolima, porque al parecer, habría promediado el consumo a cerca de 60.000 clientes para fijarles una tarifa, que en muchos casos, superaría el 30%. Además, contra Electricaribe, en la Costa Atlántica, por presunto incremento exagerado en la facturación del servicio público de energía, entre los meses de marzo y abril de 2020.